Virginia Aparicio lleva veinte años estudiando el impacto ambiental en el INTA Balcarce. En 2020 le encargaron liderar un monitoreo europeo inédito sobre agroquímicos en humanos, pero cuando los resultados mostraron lo que nadie quería ver, la institución desató una cacería burocrática para expulsarla y silenciar a toda una generación de investigadores.
«Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA«. La confesión duele y pinta de cuerpo entero el clima de terror que se respira hoy en la Estación Experimental Balcarce. Quien habla es Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias y una de las investigadoras del INTA y el Conicet más formadas en el análisis de contaminantes ambientales de nuestro país. No está acusada de robar, ni de faltar a su trabajo. Su «delito» fue hacer exactamente lo que el Estado le pidió que hiciera: prender los equipos, recolectar muestras y medir.
El calvario de esta científica expone la herida más profunda e hipócrita del sistema científico nacional. ¿Qué pasa cuando la ciencia financiada por el Estado descubre una verdad que incomoda a los grandes intereses económicos? La respuesta, en la Argentina de hoy, parece ser aniquilar al mensajero.
El Proyecto SPRINT en Números
La radiografía del monitoreo que el Estado argentino intentó ocultar
Sustancias Buscadas
Plaguicidas diferentes rastreados exhaustivamente en el ambiente y en los cuerpos.
Participantes Locales
Voluntarios argentinos que aportaron sangre, orina, heces e hisopados nasales.
Escala Global
Países involucrados. Argentina fue la única nación extraeuropea del estudio.
La paradoja del financiamiento
A la investigadora se la acusa administrativamente de causar un «grave perjuicio material» al Estado nacional, a pesar de que el Proyecto SPRINT fue financiado íntegramente por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, atrayendo recursos y tecnología al país.
La trampa perfecta: de proyecto estrella a tabú absoluto
Para entender la magnitud del escándalo, hay que viajar al año 2020. En aquel momento, a través de sus oficinas de vinculación en Francia, el INTA celebró con bombos y platillos el ingreso de Argentina al Proyecto SPRINT (Transición hacia una Protección Fitosanitaria Sostenible). Financiado por el mega-programa europeo Horizon 2020, el objetivo era titánico: rastrear la presencia de 209 plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas en once países. Argentina era la única nación no europea invitada a la mesa.
Aparicio fue designada coordinadora local con el aval total de las autoridades. El equipo reclutó a 73 voluntarios argentinos, desde vecinos de pequeños pueblos hasta productores convencionales y agroecológicos. Durante meses, estas personas donaron muestras de sangre, orina, materia fecal, hisopados nasales y hasta llevaron unas pulseras especiales para medir la exposición ambiental.
La idea de fondo no era armar un escrache contra el campo, sino todo lo contrario. Como explica la propia investigadora, el plan era tener un diagnóstico real para luego sentarse con los productores y ayudarlos a mejorar sus prácticas. «Corregir eso es fundamental, y no lo podés corregir si no lo medís«, sostiene Aparicio.
Pero en 2023, la bomba de tiempo estalló. Los datos empezaron a procesarse y mostraron una realidad aplastante: los plaguicidas estaban en todas partes. En el suelo, en los animales y transitando por los fluidos de los voluntarios. Y aunque esto mismo ocurría en Italia, España o Países Bajos, en Argentina la reacción fue de pánico institucional.
Censura, sumario y la «pena de muerte» laboral
Aterrorizados por el fantasma de que los datos «demonizaran» al modelo agropecuario, las autoridades del INTA decidieron apagar la luz. Primero, le prohibieron a Aparicio difundir las mediciones. Luego, en un acto de destrato insólito, cancelaron la reunión donde la científica iba a devolverles los análisis clínicos a los voluntarios que habían puesto el cuerpo. Finalmente, a fines de 2023, la institución pegó el portazo y abandonó el proyecto europeo.
Lejos de terminar ahí, la llegada de la nueva conducción del INTA, hoy liderada por Nicolás Bronzovich, transformó la censura en una persecución feroz. A principios de 2025, Aparicio fue sentada en el banquillo de un sumario administrativo plagado de irregularidades.
Mario Bolla, su abogado, detalla el absurdo: a la investigadora le inventaron ocho imputaciones, acusándola hasta de causarle un «grave perjuicio material» al Estado nacional, cuando en realidad todo el proyecto SPRINT se pagó con euros de la Unión Europea. ¿El objetivo final de este apriete? La exoneración. Es la sanción máxima de la administración pública, una especie de «pena de muerte» laboral que no solo la dejaría en la calle tras más de 20 años de carrera, sino que le prohibiría de por vida volver a pisar cualquier organismo del Estado.
El silencio que contamina
Hoy, Aparicio ni siquiera puede usar el equipamiento nuevo del organismo y sigue trabajando con un viejo cromatógrafo de hace dos décadas. El gremio APINTA salió a bancarla con una recolección de firmas, y su defensa ya avisó que irá a la Justicia federal si el INTA concreta este mamarracho administrativo.
Sin embargo, el daño colateral ya está hecho. El aislamiento que sufre Virginia es un mensaje mafioso para el resto de la comunidad científica: el que investiga lo que no debe, se queda sin carrera.
«Me distrajeron tanto de mi foco de trabajo, me rompieron mis redes laborales«, se lamenta Aparicio con una frustración palpable. «A un productor al que yo le prometí que le iba a decir cómo daba su medición, al que le iba a sugerir cosas por mejorar, lo abandoné porque me tuve que empezar a defender«.
Ese es el verdadero costo de esta historia. Mientras los resultados de la investigación argentina circulan hoy por las revistas científicas de Europa, acá nos quedamos ciegos por elección. Castigando a los que miden, el Estado nos garantiza algo terrible: que el veneno siga fluyendo, pero en absoluto y cómodo silencio.
