La creación y difusión de imágenes falsas de desnudos mediante inteligencia artificial expone una forma de violencia digital que crece entre adolescentes y desafía a las instituciones educativas. Mientras los casos avanzan hacia la Justicia, especialistas y organizaciones plantean que la respuesta no puede limitarse al castigo: también debe escuchar a las víctimas, construir reparaciones y transformar las relaciones que hicieron posible la agresión.
Una imagen puede ser falsa y, sin embargo, el daño que provoca es completamente real. En las escuelas argentinas, la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial —conocidas como deepfakes— encendió una alarma que ya no puede quedar reducida a un problema de tecnología o a una travesura adolescente.
El caso del Colegio Modelo de Lomas, en Lomas de Zamora, muestra la dimensión que puede alcanzar esta violencia. Al menos 50 adolescentes habrían sido víctimas de un grupo de alumnos que utilizó herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes falsas de ellas desnudas. Después, ese material habría sido difundido e incluso comercializado en sitios web y plataformas para adultos.
La situación también dejó al descubierto otra problemática: la respuesta de las instituciones educativas y la falta de comunicación con las familias afectadas.
“Nos enteramos de que el colegio sabía esto hace un mes y no nos comunicó nada a las familias de las víctimas”, contó a Infobae Micaela, madre de una de las alumnas cuyas imágenes fueron manipuladas.
El episodio recuerda a lo ocurrido en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini, donde los centros de estudiantes denunciaron situaciones similares a mediados de julio. Pero no se trata de hechos aislados ni circunscriptos a una institución o a un determinado sector social: el problema atraviesa escuelas de distintos puntos del país.
La pregunta, entonces, excede la identificación de los responsables y la aplicación de sanciones. ¿Qué necesita una adolescente para recuperar la tranquilidad después de que su imagen fue utilizada sin consentimiento? ¿Qué debe hacer una escuela cuando la violencia ocurre entre estudiantes que siguen compartiendo aulas y espacios cotidianos? Y, sobre todo, ¿alcanza con castigar para evitar que vuelva a suceder?
Deepfakes sexuales en las escuelas
Imágenes falsas, víctimas reales. El desafío no es solamente sancionar: también es escuchar, reparar y prevenir.
De niños, niñas y adolescentes manifestaron haberse visto afectados durante 2025 por la manipulación de sus imágenes mediante deepfakes sexuales, según un estudio internacional.
Estudio de UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países. En algunos de ellos, la proporción equivale a 1 de cada 25 chicos y chicas.
Qué ocurre entre adolescentes
De los adolescentes recibió imágenes o videos manipulados con inteligencia artificial.
Conoce casos de deepfakes en su entorno escolar.
Datos del informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires citado en el artículo.
El caso de Lomas de Zamora
Al menos 50 adolescentes habrían sido víctimas de imágenes falsas de desnudos generadas con IA. El material habría sido difundido y comercializado en plataformas digitales. La investigación incluyó allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos.
¿Qué significa reparar?
Escuchar a las víctimas
La escuela debe habilitar una escucha activa, sin minimizar lo ocurrido ni exponer nuevamente a las adolescentes.
Proteger y acompañar
Resguardar la intimidad, evitar la revictimización y garantizar acompañamiento psicológico cuando sea necesario.
Construir responsabilidad
Trabajar con quienes produjeron o difundieron las imágenes para que reconozcan el daño y asuman las consecuencias.
Transformar la convivencia
Crear alternativas de trato y prevenir nuevas agresiones, sin exigir a las víctimas que perdonen o se reconcilien.
Castigo y reparación no son lo mismo
Una respuesta insuficiente
- Limitarse a la sanción.
- Minimizar la violencia porque la imagen es falsa.
- Obligar a las víctimas a reconciliarse.
- Dejar solas a las familias.
Una respuesta integral
- Escuchar y proteger.
- Reconocer el daño real.
- Exigir responsabilización.
- Educar y prevenir nuevas violencias.
Un fenómeno que ya tiene dimensión internacional
La manipulación sexual de imágenes mediante inteligencia artificial no es una preocupación exclusiva de las comunidades educativas argentinas.
Un estudio realizado por UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países, publicado en febrero de 2026 según el material de referencia, señaló que al menos 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes manifestaron haberse visto afectados durante 2025 por la manipulación de sus imágenes mediante deepfakes de contenido sexual explícito.
En algunos de los países estudiados, la cifra equivale a uno de cada 25 chicos y chicas: aproximadamente una persona por aula escolar.
En la Argentina, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires aporta otros indicadores: el 43 % de los adolescentes recibió imágenes o videos manipulados con inteligencia artificial y el 13 % conoce casos de deepfakes en su entorno escolar.
Los números muestran que el problema no puede abordarse como una sucesión de episodios excepcionales. La disponibilidad de herramientas capaces de alterar fotografías, sumada a la circulación de imágenes en redes y plataformas digitales, amplía las posibilidades de ejercer violencia sobre los cuerpos y la intimidad de otras personas.
La tecnología facilita la producción del material, pero no explica por sí sola por qué alguien decide utilizarla para humillar, controlar o agredir a una compañera.
La respuesta penal y los límites del castigo
En Lomas de Zamora, el caso avanzó por la vía penal. Durante los primeros días de la investigación fueron imputados dos adolescentes de 15 años, aunque la pesquisa posteriormente se extendió a otros menores señalados por su participación en la producción y difusión del material. Para el 9 de octubre, la Policía bonaerense había allanado cuatro viviendas y secuestrado celulares y computadoras.
La causa se desarrolla en un contexto de modificaciones del régimen penal juvenil implementadas en 2026 a partir de la Ley 27.801, según el texto de referencia, que establece la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 18 años por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes especiales.
Pero la discusión sobre las responsabilidades no termina en el expediente judicial.
Las deepfakes sexuales constituyen una forma de violencia que puede dejar consecuencias profundas en las víctimas. Por eso, cuestionar si el castigo penal es suficiente no significa minimizar los hechos, desconocer las responsabilidades ni reclamar impunidad. Significa preguntarse qué sucede después de la sanción y qué herramientas existen para reparar el daño.
Una condena puede responder a una demanda social de justicia, pero no garantiza por sí misma que las adolescentes afectadas reciban acompañamiento, que las instituciones revisen sus prácticas o que quienes participaron de la agresión comprendan las consecuencias de sus acciones.
“Creo que estos fenómenos tienen que ver con la ruptura de lazos sociales y, como todas las violencias de género, con algo social”, explica Mónica Macha, senadora de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria y psicóloga, que desde hace años trabaja sobre las violencias en el ámbito digital.
Macha acompañó la sanción de la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. También presentó, junto con Faro Digital, la senadora bonaerense Laura Clark y la familia de Ema Bondaruk, el proyecto de Ley Ema, en homenaje a la estudiante de 16 años que se suicidó en 2021 después de que se difundiera material íntimo suyo sin consentimiento.
De ese trabajo surgió también la “Guía Ema”, una herramienta orientada a acompañar a las escuelas ante situaciones de violencia sexual digital. Su propuesta no consiste en aplicar una respuesta idéntica para todos los casos, sino en ofrecer orientaciones sensibles al contexto y con enfoque de derechos.
“En el momento que armamos la Guía Ema, todavía no estaba aprobada la baja de edad de punibilidad, pero nosotras ya teníamos esa concepción de que necesitamos pensar en una instancia de políticas reparatorias, no un castigo penal”, expresa Macha.
Reparar no es obligar a perdonar
¿Qué significa, concretamente, una respuesta reparatoria?
La propuesta de la Guía Ema apunta a construirla dentro de la comunidad educativa, con participación de las víctimas y teniendo en cuenta qué tipo de reparación puede resultarles útil. No se trata de imponer una fórmula ni de trasladar a las adolescentes agredidas la responsabilidad de resolver el conflicto.
Para Milagros Schroder, coordinadora del equipo de Educación de Faro Digital e integrante del grupo Ema, el primer paso debe ser una escucha activa por parte de la escuela.
“Para pensar una reparación creemos que debe haber un primer momento de escucha activa de la escuela, porque en general estas cosas explotan allí”, explica. Y advierte que esa primera intervención no puede estar atravesada ni por la victimización ni por la minimización de lo ocurrido.
Uno de los problemas más frecuentes es que la violencia digital se percibe como menos grave que la que sucede cara a cara. Si una imagen fue fabricada con inteligencia artificial, puede aparecer la idea de que no existe una víctima real porque la fotografía original no muestra aquello que circula.
“Parece que si las imágenes se difunden por internet no es tan grave, que si son hechas con IA no son tuyas. Empiezan a bajarle el precio a lo que está pasando”, señala Schroder.
Esa mirada desconoce que la imagen manipulada utiliza la identidad de una persona, invade su intimidad y puede exponerla a burlas, amenazas, hostigamiento y circulación no consentida. Que el desnudo sea ficticio no vuelve ficticia la agresión.
La reparación, además, debe contemplar que víctimas y victimarios pueden seguir compartiendo espacios escolares. Trabajar sobre los vínculos no significa exigirles a las chicas que perdonen, se reconcilien o vuelvan a relacionarse con quienes las agredieron.
“Significa que no haya escalada de violencia, que haya responsabilización, pero que sobre todo haya alternativas de trato”, explica Milagros.
El objetivo es construir condiciones para que la convivencia no reproduzca la violencia, sin imponer a las víctimas una reconciliación que no desean.
La violencia digital también se aprende
Para comprender estos episodios, Macha propone mirar más allá de las herramientas tecnológicas y considerar los consumos culturales y las formas en que los adolescentes construyen sus referencias sobre la sexualidad.
La senadora señala la importancia del acceso cada vez más temprano a la pornografía online, facilitado por la disponibilidad de celulares desde la infancia. Aunque no plantea una relación automática entre consumo de pornografía y violencia, advierte que chicos y chicas que todavía están en desarrollo pueden tomar esos contenidos como referencia para construir sus expectativas sobre la vida sexual y los vínculos.
La hipersexualización y la reproducción de conductas que desconocen los límites del cuerpo ajeno forman parte de un escenario que también requiere educación y acompañamiento.
En ese sentido, la Educación Sexual Integral (ESI) enfrenta un desafío que ya no puede limitarse a los vínculos presenciales. El consentimiento, el respeto por la intimidad y la autonomía sobre el propio cuerpo también deben pensarse en los espacios digitales: una fotografía, un video o una representación generada por IA no quedan fuera de esos principios.
“Ya aprendimos que no nos violan por tener la pollerita corta, pero todavía creemos que se difunden nuestras imágenes por sacarnos una foto con pollerita corta”, plantea Schroder.
La frase expone una contradicción persistente: parte del trabajo social y educativo realizado para cuestionar la culpabilización de las víctimas en los espacios físicos todavía no se trasladó plenamente a los territorios digitales.
La responsabilidad por una agresión nunca puede recaer sobre quien aparece en una fotografía, ni sobre quien compartió una imagen personal, ni sobre quien fue representada falsamente mediante inteligencia artificial. El consentimiento no se presume y la intimidad no se pierde por haber tomado una foto.
La escuela también debe revisar su propia respuesta
El caso de Lomas de Zamora puso en primer plano otra dimensión: qué hacen las instituciones educativas cuando una situación de violencia digital ocurre entre sus estudiantes.
“La directora le saca totalmente el peso a esto diciendo primero que ellos no tienen las herramientas para manejar esta situación, que a los chicos no los pueden expulsar, que solamente era una nota en el cuaderno”, sostuvo la madre de una de las jóvenes afectadas en la entrevista con Infobae.
La falta de herramientas no puede convertirse en una justificación para la inacción. Las escuelas necesitan protocolos, formación y criterios de intervención que permitan actuar sin exponer nuevamente a las víctimas, sin minimizar los hechos y sin convertir la respuesta institucional en una instancia de revictimización.
Eso supone, entre otras cosas, escuchar a las adolescentes, resguardar su intimidad, evitar que deban repetir una y otra vez lo sucedido y garantizar el acompañamiento psicológico cuando lo necesiten. También implica trabajar con quienes participaron de la producción o circulación de las imágenes, para que asuman responsabilidades y comprendan la dimensión de la violencia ejercida.
No se trata de elegir entre proteger a las víctimas y cuestionar el encierro como única solución. Tampoco de reemplazar la responsabilidad por una conversación obligatoria o un pedido de disculpas. La discusión es cómo construir respuestas que no confundan justicia con castigo y que no dejen a las personas afectadas solas frente a las consecuencias.
Una justicia que no llegue después del próximo caso
Las herramientas de inteligencia artificial seguirán evolucionando y estarán cada vez más presentes en la vida cotidiana. Las respuestas institucionales, educativas y familiares, en cambio, todavía están intentando ponerse a la altura de ese escenario.
La prevención requiere trabajar sobre el consentimiento, la intimidad, la sexualidad y la responsabilidad en los entornos digitales. Pero también exige que las escuelas puedan intervenir cuando la violencia ya ocurrió y que las comunidades no reproduzcan la idea de que una imagen falsa equivale a un daño menor.
“No es un pibito de 15 años que se levantó un día con ganas de hacer deepfakes, hay algo que está roto social y culturalmente. Somos la primera generación que está criando y educando con este tipo de tecnologías. Nos vamos a equivocar, la vamos a pifiar, vamos a ensayar respuestas. El tema es que no se encuentran soluciones si no es haciendo algo”, concluye Schroder.
La pregunta que dejan estos casos no es solamente qué sanción corresponde a quienes generaron y difundieron las imágenes. También es qué responsabilidad tienen las instituciones que no escucharon a tiempo, cómo se acompaña a las adolescentes que fueron dañadas y qué puede hacer una comunidad para que la violencia no se repita.
Porque una imagen puede haber sido fabricada por una máquina, pero la decisión de utilizarla para agredir a otra persona sigue siendo humana. Y la reparación, si pretende ser algo más que una declaración de buenas intenciones, también tendrá que construirse colectivamente.
En base al artículo de Dalia Cybel publicado en El Grito del Sur
