¿Por qué aumenta la deforestación ilegal?

Una publicación conjunta entre investigadores y referentes de la sociedad civil da cuenta de cómo las instituciones provinciales y el poder de los agentes involucrados favorecen las deforestaciones ilegales en el Chaco Seco argentino, una de las regiones más afectadas por la pérdida de bosques nativos. Los datos relevados pueden ayudar a mejorar las políticas públicas y la posible reforma de la legislación vigente.

Por Vanina Lombardi

¿Cuáles son los procesos sociales e institucionales que permiten que las deforestaciones ilegales en el Chaco Seco argentino continúen, a pesar de que existe una regulación que intentan frenar estas prácticas vinculadas a la expansión de la frontera agropecuaria? Esa es la pregunta que busca responder un grupo de trabajo transdisciplinario en esta región del Parque Chaqueño (o Gran Chaco), compuesto por investigadores de distintas universidades de la Argentina y Alemania, junto con referentes de organizaciones sociales, ambientales y de la sociedad civil, en un artículo académico publicado recientemente en la revista científica Global Environmental Change.

«Nuestro objetivo es respaldar con evidencias y análisis avalados por el método científico cuestiones que las organizaciones de la sociedad civil tienen claro y vienen denunciando hace tiempo: que la deforestación ilegal se produce porque los agentes, que en este caso son propietarios de tierra y productores agropecuarios poderosos, tienen alianzas con los gobiernos provinciales, los políticos y, sobre todo, las agencias que tienen en su responsabilidad el manejo y la gestión de los bosques, que genera las condiciones para que esto sea posible», dice Matías Mastrángelo, que es investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y uno de los autores de este estudio.

«Los actores no académicos enriquecen mucho el trabajo, ya que aportan desde su experiencia en la gestión y de trabajo en el territorio, sobre todo en temas tan sensibles como este, ya que se trata de un comportamiento ilegal, y obtener datos primarios sobre estos procesos es difícil porque suelen ser cuestiones que se mantienen ocultas y en secreto», agrega el investigador, que trabaja en la región del Gran Chaco desde hace más de una década y donde comenzó analizando el impacto de las deforestaciones sobre la biodiversidad y los distintos bienes y servicios ecosistémicos.

El Parque Chaqueño (que abarca la totalidad de las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y partes de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tucumán) es la región en Sudamérica adonde ocurre la mayor deforestación después del Amazonas, con más de 180.000 hectáreas por año que cambian de uso del suelo. Se estima que alrededor de la mitad de esas deforestaciones se producen de manera ilegal, ya sea porque se ha violado la Ley de Bosques (26.331), sancionada a fines del 2007, que dicta presupuestos mínimos de protección del bosque nativo y delega a las provincias el diseño y cumplimiento de los planes de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) de sus jurisdicciones, o porque los autores avanzan con estas prácticas aún cuando no tienen los permisos necesarios para llevarlas a cabo.

«Analizar estos procesos también es complejo, ya que hay toda una trama entre instituciones, públicas y privadas, y agentes individuales que deciden hacer un desmonte ilegal en el territorio, que interactúan con esas instituciones para que la deforestación en el Chaco argentino siga avanzando, a pesar de que tenemos una ley nacional vigente financiada, así como estructuras del Estado, nacional y provincial dedicadas a velar por el cumplimiento de esa ley», dice Mastrángelo, que es biólogo y doctor en Estudios Ambientales.

Tras la expansión de la frontera agropecuaria en la región durante las últimas décadas, el Chaco Seco argentino se ha convertido en una de las regiones de mayor deforestación a nivel mundial, con tasas anuales provinciales superiores al 3%, hasta el año 2008. Esto es 15 veces superior a los promedios mundiales. Asimismo, durante 2016 y 2017, las tres provincias analizadas por este trabajo, Chaco, Salta y Santiago del Estero, contenían casi el 70% de la deforestación del país.

VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA DEFORESTACIÓN ILEGAL
Fuente: Gentileza Matías Mastrángelo.

«Hay muchos estudios que evalúan cuánto, dónde y cuándo se deforesta, gracias a tecnologías que hoy tenemos a disposición de la ciencia, como el análisis de imágenes satelitales, pero responder a las pregunta sobre quiénes lo hacen, por qué o para qué, es mucho más difícil», afirma Matías Mastrángelo, que es investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMDP y uno de los autores de este estudio.

Para responder a ese interrogante y develar las tramas detrás de estos procesos, el equipo de investigación recopiló datos de 244 eventos de deforestación ilegal ocurridos en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, entre 2008 y 2020. En conjunto, esos eventos involucraron la pérdida de 275.592 hectáreas de bosques chaqueños y representan alrededor del 34% del área deforestada ilegalmente en esas provincias durante el período de estudio.

Para ello, consultaron a distintas fuentes de información complementarias. Específicamente, motas periodísticas, literatura gris, entrevistas a informantes clave y datos geoespaciales. «Primero, generamos una base de datos en la que relevamos los casos de deforestación ilegal y sus características, en qué provincia ocurrió, en qué momento, quién era el dueño o la persona propietaria del establecimiento adonde se produjo y de quién es la tenencia de la tierra», detalla Mastrángelo, que también pertenece al Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales (GEAP) de la Unidad Integrada Balcarce, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la UNMDP.

Posteriormente, usaron herramientas estadísticas (redes bayesianas no paramétricas) para probar la influencia relativa de nueve factores individuales y contextuales sobre el tamaño de la deforestación y el tipo de ilegalidad, y evaluaron cómo cambiarían ambos resultados bajo simulaciones de políticas hipotéticas pero plausibles. «Sobre esa base de datos construimos un modelo que permite relacionar los atributos que nos interesaban explicar, sobre cuáles eran los factores que permitían hacerle trampa la ley», aclara el especialista.

Así detectaron que, en promedio, el área deforestada ilegalmente fue 18 veces mayor en establecimientos administrados por agentes de alto y muy alto capital económico y fuertes vínculos con el poder político (2.516 hectáreas), en comparación con los administrados por agentes con capital bajo y vínculos débiles (141 hectáreas), equivalentes al 15% y 1% del tamaño del establecimiento, respectivamente.

El trabajo advierte que la mayoría de los productores que expandieron las fronteras agropecuarias en la región chaqueña no son locales sino productores del centro del país.
Foto: Gentileza Matías Mastrángelo.

Al mismo tiempo, el área deforestada ilegalmente fue 2,5 veces mayor en los establecimientos administrados por productores que provenían de otras provincias (1.689 hectáreas) en comparación con los administrados por propietarios locales (685 hectáreas). Los eventos de deforestación realizados por agentes poderosos ocurrieron principalmente a través de desmontes en zonas protegidas (50%) y desmontes en áreas recategorizadas (46%). Todos los eventos de deforestación en áreas recategorizadas fueron ejecutados por agentes poderosos.

«Encontramos que uno de los atributos importantes de los agentes es el poder, y que este se construyó a partir del origen de esa persona», destaca Mastrángelo y advierte que la mayoría de los productores que expandieron las fronteras agropecuarias en la región chaqueña no son locales sino productores del centro del país, de la región pampeana, de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, que invertían los excedentes que generaban en tierras en Santiago del Estero, Chaco y Salta para desmontar y ampliar sus negocios.

Junto con el capital económico de esos productores, mayor al de los locales, también resultaron relevantes los vínculos que tenían con el poder político. Al respecto, Mastrángelo afirma que uno de los principales resultados que obtuvieron fue que esa variable, el poder de los productores y propietarios, se vincula de manera fuerte con la forma y el tamaño de los desmontes ilegales, así como el contexto institucional en donde se produce. Es decir, qué agencia del gobierno provincial está involucrada.

«La ley es un instrumento de política pública muy importante y las autoridades locales de aplicación o las distintas agencias del gobierno provincial tienen en el rol de hacerla cumplir, pero se dan tramas de corrupción», explica el investigador, y destaca que, en general, las provincias no tienen los suficientes incentivos para conservar sus bosques y hacerlos valer. «Para el gobierno que recauda impuestos a partir de la producción agropecuaria, que genera grandes ganancias y divisas para la economía del país, el bosque otorga muy poco valor», dice Mastrángelo, y agrega que a esto se le suman las relaciones de poder desigual entre los gobiernos provinciales y las grandes empresas agropecuarias para que se atengan a las normas.

Por su parte, los productores tampoco tienen suficiente desincentivos para no deforestar, ya que la sanción es una multa económica: «Para un productor que exporta granos, la multa es incorporada como un costo de producción más. Hay que cambiar en términos judiciales la figura, que pase de ser una contravención a ser un delito ambiental, que tenga una sanción mayor a lo económico», dice Mastrángelo, y agrega que estos hallazgos pueden ser relevantes a la hora de evaluar la modificación de la Ley de Bosques vigente.

A principios de mes, durante el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Alberto Fernandez anunció, entre otras cosas, que enviará un proyecto de modificación de la Ley de Bosques Nativos. Esto generó dudas ante las organizaciones de la sociedad civil. «Siempre es necesario actualizar las leyes, pero si hay un intento de reforma, es importante que haya un proceso abierto y participativo con los actores involucrados, desde las ONGs y el sector científico hasta los productores y el sector agropecuario. De lo contrario, se va a generar una reforma menos legítima y eso va a atentar contra la efectividad en su implementación, que ya de por sí es baja», concluye Mastrángelo.

Fuente: AGENCIA TSS

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