El mundo invierte miles de millones en proteger la naturaleza, parece mucho dinero. Pero al mismo tiempo, gastamos billones en actividades que la aniquilan. Esa es la conclusión del nuevo informe de la ONU sobre la financiación para la naturaleza: vivimos en una incongruencia financiera donde la mano izquierda intenta plantar un árbol mientras la derecha paga a las topadoras para derribar el bosque entero.

El informe Estado de la financiación para la naturaleza 2026 pone sobre la mesa una cifra que asusta. Los flujos financieros perjudiciales para los ecosistemas superan los 7 billones de dólares anuales. La gran mayoría de este dinero proviene del sector privado, concentrado en industrias pesadas, energía y construcción.

En la otra vereda, la inversión para proteger la naturaleza apenas llega a los 220.000 millones de dólares. Y aquí hay un detalle clave: casi el 90% de ese dinero de «rescate» sale de fondos públicos. Es decir, mientras el mercado privado financia masivamente el daño, el Estado intenta, con recursos limitados, poner curitas en la herida.

¿Quiénes son los responsables?

Inger Andersen, directora del PNUMA, fue clara: «Si se sigue el rastro del dinero, se ve la magnitud del reto». Los datos apuntan a los servicios públicos, la industria energética y de materiales básicos. Además, el informe destaca el rol tóxico de los subsidios gubernamentales a los combustibles fósiles y la agricultura intensiva.

No hay término medio

El mensaje de la ONU es un ultimátum para reformar el sistema financiero. O invertimos en la destrucción o impulsamos la recuperación. Afortunadamente, no todo está perdido. El gasto en biodiversidad aumentó un 11% en el último año y existen soluciones rentables, como ecologizar zonas urbanas o integrar la naturaleza en la infraestructura. La tendencia es positiva, pero la velocidad del cambio debe acelerarse si queremos que las cuentas del planeta cierren.