En la Asamblea Mundial de la Salud, países de todo el mundo negocian un acuerdo pionero que pretende cerrar las grietas dejadas por la COVID-19 y acelerar la respuesta global a futuros brotes

Desde el golpe brutal de la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha sido testigo de fallos en la distribución de diagnósticos, tratamientos y vacunas, así como del colapso de sistemas sanitarios y economías enteras. Casi siete millones de vidas se esfumaron, y la brecha entre países ricos y pobres —y dentro de ellos— se hizo dolorosamente evidente. Ahora, en la 78º Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, los representantes de 194 Estados trabajan contrarreloj para forjar un nuevo Pacto Internacional de Preparación y Respuesta ante Pandemias que garantice una acción más rápida, equitativa y coordinada frente al próximo gran brote.

El borrador de este convenio, impulsado por la OMS y coordinado por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, propone mecanismos de alerta temprana, cadenas de producción y distribución de vacunas más justas, y salvaguardas para el intercambio de datos clínicos. Sin embargo, las negociaciones topan con sensibilidades sobre soberanía nacional y propiedad intelectual. Aún así, el doctor Tedros confía en que, tras años de trabas, habrá consenso: «Debemos aprender de los errores del pasado para afrontar juntos la próxima gran crisis sanitaria».

Las emergencias climáticas y sanitarias están entrelazadas. Ola tras ola de calor, inundaciones e incendios forestales crean nuevos focos de enfermedades transmitidas por vectores y desestabilizan sistemas de salud ya tensionados. La OMS presenta un plan de acción que pide integrar políticas ambientales y sanitarias, reforzar la resiliencia de comunidades vulnerables y asegurar flujos sostenidos de recursos para adaptarse y mitigar estos riesgos.

Lograr que todas las personas accedan a servicios de salud de calidad sin empobrecimiento sigue siendo un Objetivo de Desarrollo Sostenible esquivo. Los progresos en atención primaria se han estancado y millones de familias siguen asumiendo gastos catastróficos. En Ginebra, los Estados miembros debatirán cómo blindar la financiación pública para garantizar que ningún niño, mujer o adulto quede excluido por falta de recursos.

Cada año, cerca de 300.000 mujeres mueren por complicaciones del embarazo y más de dos millones de bebés fallecen durante el primer mes de vida. La campaña global “Comienzos sanos, futuros esperanzadores” renovará ambiciosos objetivos y movilizará inversiones para capacitar parteras, mejorar infraestructuras hospitalarias y asegurar el acceso a atención de calidad en las zonas más remotas.

Cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares representan la mayoría de las muertes en menores de 70 años, con especial impacto en países de renta baja y media. Los delegados revisarán estrategias para reforzar los programas de detección precoz, ampliar la disponibilidad de medicamentos esenciales y promover estilos de vida saludables que reduzcan esta creciente carga.

Un presupuesto para el cambio

Para impulsar todas estas iniciativas, la OMS pide a los Estados Miembros un aumento del 50 % en su presupuesto base, algo pendiente desde hace años. En un momento de recortes en ayuda internacional, lograr este alza se antoja crucial para mantener la capacidad operativa de la agencia y financiar los programas clave de vigilancia, vacunación y respuesta a emergencias.

Mientras el mundo negocia este ambicioso paquete, la pregunta permanece: ¿habremos aprendido lo suficiente de la COVID-19 para no repetir sus devastadores errores? La respuesta, mañana, descansará en acuerdos firmados en Ginebra y en la voluntad política de convertir las lecciones del pasado en herramientas de prevención real.