Mientras la degradación del suelo golpea de lleno a las economías globales y dispara el precio de los alimentos, la cumbre de la ONU en Mongolia reveló un dato demoledor: recuperar la tierra no es un capricho ecológico, sino la inversión financiera más rentable del planeta.

Solemos caminar sobre el suelo sin prestarle demasiada atención, como si fuera una superficie inerte que simplemente sostiene nuestras ciudades y cultivos. Sin embargo, debajo de esa capa delgada de tierra fértil late el motor económico más subestimado de la historia humana. Cuando ese engranaje se rompe, la cuenta que nos pasa la naturaleza no se mide únicamente en hectáreas resecas: se mide en miles de millones de dólares que se esfuman de los bolsillos del mundo.

Durante la apertura de la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), celebrada en Ulán Bator, Mongolia, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, puso sobre la mesa una cifra que paralizó el auditorio: la inacción frente al deterioro de los suelos ya le cuesta a la economía mundial unos 878.000 millones de dólares anuales. La contracara es todavía más llamativa. Restaurar esos ecosistemas productivos generaría beneficios por 1,8 billones de dólares cada año. En términos de negocios, la ecuación roza lo imbatible: por cada dólar que se invierte en recuperar la salud del suelo, el retorno económico estimado oscila entre los 7 y los 30 dólares.

El suelo como infraestructura crítica

«Una tierra sana no es un lujo ambiental. Es capital productivo«, disparó Mohammed ante ministros y delegados de todo el mundo. La diplomática propuso un cambio de paradigma urgente: dejar de mirar a la conservación como un gasto benéfico y empezar a tratar al suelo, las cuencas hidrográficas y los pastizales con la misma jerarquía con la que los Estados planifican sus autopistas, redes eléctricas o puentes. Son, lisa y llanamente, activos productivos.

Cuando la tierra pierde sus nutrientes y su capacidad de retener humedad —un cuadro que ya afecta a un alarmante 40% de la superficie del planeta— se desata un efecto dominó que golpea la canasta básica familiar, destruye puestos de trabajo rurales y obliga a los gobiernos a gastar fortunas en subsidios de emergencia para paliar sequías. Fenómenos climáticos que, según alertan los reportes de la convención, aumentaron un 29% en frecuencia y duración desde el año 2000, amenazando con impactar directamente en tres de cada cuatro habitantes del planeta hacia 2050.

La paradoja del financiamiento que no llega

Frente a este escenario, la pregunta que cae por su propio peso es por qué no se actúa con mayor velocidad si el beneficio económico es tan evidente. La respuesta está en la brecha entre los discursos políticos y las billeteras públicas.

Mohammed advirtió que el mundo apenas está desembolsando unos 77.000 millones de dólares al año para restauración, cuando el piso mínimo necesario trepa a los 355.000 millones. Más de 70 naciones ya redactaron con precisión técnica sus planes contra la sequía, pero los proyectos quedan varados en los escritorios ministeriales esperando financiamiento. «No se les puede pedir que diseñen estrategias para después dejarlos solos buscando cómo pagarlas«, reclamó la vicesecretaria, quien instó a revisar los subsidios públicos que todavía premian prácticas agrícolas destructivas o el derroche de agua.

Manos a la tierra y títulos de propiedad

La buena noticia es que la ciencia y las comunidades ya saben cómo revertir el daño. El ejemplo más elocuente se despliega en África con la Gran Muralla Verde: lo que nació como la ambición de plantar una franja de árboles a lo largo del Sahel se transformó en un modelo integral de desarrollo socioeconómico. Gracias a esta estrategia ya se regeneraron más de 20 millones de hectáreas, de las cuales 5 millones fueron recuperadas en Níger por los propios campesinos aplicando técnicas ancestrales de manejo regenerativo.

Pero la restauración a gran escala esconde una última traba que no es técnica ni financiera, sino de derechos. En el 86% de los países que reportan datos a la ONU, las mujeres —a pesar de ser la columna vertebral del trabajo agrícola— tienen menos garantías legales de acceso a la tierra que los varones.

La experiencia demuestra que cuando esa asimetría se corrige, los resultados son inmediatos. En Bandiagara, Mali, una cooperativa liderada por la productora comunitaria Florence Banou logró devolverle la fertilidad a suelos degradados y disparó la producción de alimentos locales, logrando que el propio municipio les otorgara cuatro acres adicionales para escalar el proyecto. Garantizar la tenencia de la tierra, capacitar a las comunidades y financiar a quienes la trabajan todos los días no solo es un acto de justicia: es la única póliza de seguro que tenemos para asegurar el alimento y la estabilidad de las próximas generaciones.