Aunque las infecciones cayeron a su nivel más bajo en tres décadas, el recorte del 18% en la ayuda internacional y las barreras de acceso a fármacos de última generación amenazan con provocar un peligroso rebrote.

El mundo tiene en sus manos las herramientas científicas más avanzadas de la historia para erradicar el VIH como amenaza de salud pública. Sin embargo, el dinero para llevarlas al terreno se está agotando. Según el último informe de ONUSIDA, durante 2025 se registraron 1,2 millones de nuevas infecciones y 570.000 muertes por enfermedades relacionadas con el sida, mientras que cerca de 9 millones de personas que viven con el virus continúan sin recibir tratamiento antirretroviral.

El dato paradójico es que, aunque la mortalidad y los contagios generales alcanzaron sus mínimos históricos desde el pico de la epidemia, el impulso de respuesta global atraviesa una severa crisis. Las nuevas infecciones aumentaron en 21 países y tres regiones completas durante el último año, dejando al descubierto una brecha cada vez más profunda entre las naciones que pueden financiar sus sistemas de salud y las que dependen del auxilio exterior.

El colapso del financiamiento preventivo

El origen de este estancamiento responde a una cifra contundente: en 2025, la financiación internacional para combatir la epidemia cayó un 18%, lo que representa el descenso más drástico en casi veinte años. Mientras varios gobiernos lograron amortiguar el golpe en la compra de tratamientos a través de partidas presupuestarias nacionales, la prevención primaria se llevó la peor parte.

Los programas territoriales y las organizaciones comunitarias —encargadas del trabajo de campo con poblaciones vulnerables— sufrieron recortes brutales. En algunos países se redujo en más del 90% la distribución de preservativos, y un relevamiento en 47 naciones documentó el cierre o achicamiento masivo de servicios destinados a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales y sobrevivientes de violencia de género. A este escenario financiero se le suma un retroceso en derechos humanos, donde leyes que criminalizan la diversidad sexual ahuyentan a miles de personas de los centros de salud por temor a la discriminación o el arresto.

Innovación revolucionaria pero inaccesible

En el plano científico, la gran promesa para cambiar el rumbo de la pandemia se llama lenacapavir: una inyección inyectable de acción prolongada que se administra solo dos veces al año y cuya eficacia preventiva se equipara a la de una vacuna. El problema, remarca ONUSIDA, es que la tecnología no sirve de nada si queda retenida tras los muros del precio y los contratos de patente. Se calcula que al menos 20 millones de personas en todo el mundo necesitan acceder de forma urgente a terapias preventivas basadas en antirretrovirales.

«La innovación sin acceso no es innovación; es injusticia«, sentenció la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, al enfatizar que el éxito real de la ciencia se mide cuando los avances benefician a las poblaciones más rezagadas.

La meta de 2030 sigue en pie

A pesar del panorama adverso, el organismo sostiene que el objetivo de poner fin al sida para 2030 aún es técnicamente factible. En junio, 149 Estados Miembros aprobaron una nueva Declaración Política que establece metas concretas para ampliar tratamientos, reducir el estigma y garantizar financiamiento sostenible.

Si los países cumplen al pie de la letra con los compromisos asumidos, las estimaciones médicas indican que se podrían evitar 3,2 millones de nuevas infecciones y 1,3 millones de muertes de aquí al final de la década. La diferencia entre el éxito y el fracaso dependerá de si la comunidad internacional decide renovar la solidaridad económica o dejar caer los avances logrados tras cuarenta años de lucha.