La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de dar un paso sin precedentes al reclasificar uno de los capítulos más oscuros de nuestro pasado. En una votación que expuso profundas fracturas geopolíticas y dejó a nuestro país en el centro del debate internacional, el mundo reconoció el peso imborrable de cuatro siglos de explotación sistémica. ¿Qué hay detrás de esta declaración que busca reescribir la memoria y exige justicia material?

A veces, la historia tarda siglos en llamar a las cosas por su verdadero nombre. En un hecho que marcará un antes y un después en el derecho internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que califica la trata transatlántica y la esclavitud racializada de africanos como «el crimen de lesa humanidad más grave» de todos los tiempos.

La iniciativa, impulsada por una coalición de 60 naciones africanas, caribeñas y latinoamericanas, expuso una radiografía fascinante de la geopolítica actual. El documento avanzó con 123 votos a favor y 52 abstenciones que provinieron, casi en su totalidad, del bloque occidental y Japón. Sin embargo, la nota discordante la dieron los únicos tres votos en contra: Estados Unidos, Israel y la República Argentina.

Este pronunciamiento, que llega justo en el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, establece que este sistema de explotación fue una violación que no prescribe. Según el texto aprobado, se trata de «la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad», un flagelo cuyas consecuencias siguen dictando las reglas de la vida moderna a través de regímenes de trabajo, propiedad y acumulación de capital.

La maquinaria legal de la atrocidad

Para entender la magnitud de esta declaración, hay que viajar en el tiempo y observar cómo la esclavitud no fue un mero accidente, sino una arquitectura legal perfectamente diseñada. La resolución subraya que este sistema carecía de precedentes históricos al ser el primer régimen mundial que codificó a seres humanos y a sus descendientes como «propiedad hereditaria, enajenable y perpetua».

El texto desmenuza los instrumentos que legitimaron el horror. Todo comenzó con las bulas papales de 1452 y 1455, que otorgaron luz verde para reducir a las poblaciones africanas a la «esclavitud perpetua». Más tarde, el andamiaje jurídico se sofisticó con el Código de Esclavos de Barbados (1661) y el Código Negro francés (1685), normativas que, con absoluta frialdad, definían a los esclavizados como «bienes muebles».

A esto se sumó un principio biológico y legal perverso adoptado en Virginia en 1662: el partus sequitur ventrem («lo que nace sigue al vientre»). Esta regla sentenció que la condición de esclavo se heredaba a través de las madres africanas, convirtiendo «la reproducción humana en un mecanismo de acumulación de capital» e institucionalizando la jerarquía racial en la economía global.

El cuerpo de las mujeres y la fuerza de la resistencia

La resolución de la ONU hace un énfasis particular en el «carácter excepcionalmente generizado» de esta tragedia. Las mujeres y niñas africanas no solo padecieron la pérdida de su libertad, sino que fueron sometidas sistemáticamente a «violencia sexual, reproducción forzada, servidumbre doméstica y formas de explotación específicas por razón de género». El principio de herencia del vientre las condenó a «la reproducción forzada para generar mano de obra esclava», vulnerando de forma absoluta sus derechos reproductivos.

Pero donde hubo opresión, hubo lucha. El documento rescata del olvido la resistencia activa de los pueblos afrodescendientes, destacando «la tradición abolicionista africana que se remonta a más de seis siglos atrás». Desde el minuto cero, existieron levantamientos armados, diplomacia estatal y batallas en los tribunales para recuperar la dignidad humana arrebatada.

Reparar lo irreparable

¿Qué pasa cuando el daño duró cuatrocientos años? La Asamblea General se aferró a un principio moral de las tradiciones africanas: «los delitos no prescriben». Al declarar la imprescriptibilidad de estos crímenes, la ONU estableció que los Estados responsables tienen la obligación ineludible de reparar íntegramente el daño causado.

El organismo internacional exhorta a iniciar un «diálogo inclusivo y de buena fe en materia de justicia reparadora». Este proceso no se agota en una disculpa plena y formal, sino que exige medidas concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y modificaciones urgentes en las leyes para erradicar la discriminación sistémica.

Además, en un reclamo que hace temblar a los grandes museos del mundo, la resolución exige «la restitución inmediata, sin trabas y sin costo alguno de los bienes culturales, objetos de arte, monumentos, piezas de museo, artefactos, manuscritos y documentos» a sus países de origen.

A las puertas del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) y a un paso de cumplirse un siglo de la Convención para la Supresión de la Trata de Esclavos de 1926, el mundo empieza a reconocer que no se puede construir un futuro equitativo si los cimientos siguen manchados de una deuda que, hasta hoy, nadie quiso pagar.