La sede de Naciones Unidas en Nueva York fue el escenario de una conmemoración del Día Internacional de la Mujer marcada por advertencias urgentes. En la apertura de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, líderes globales y activistas expusieron un retroceso organizado contra la igualdad y exigieron medidas drásticas frente a una brecha de derechos que tardaría casi tres siglos en cerrarse.

Lejos de ser una celebración protocolar, el evento en la Asamblea General de la ONU se transformó en un crudo diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos a nivel global. Con un contexto internacional convulso —marcado por la escalada en Oriente Medio, un Líbano al borde del colapso y el avance de redes de drogas sintéticas—, la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) puso el foco central en una herida abierta: el acceso a la justicia.

La cruda matemática de la desigualdad legal

El informe presentado por ONU Mujeres arrojó cifras que exponen una falla estructural en los sistemas jurídicos globales. En la actualidad, las mujeres solo disfrutan del 64% de los derechos legales que poseen los hombres. La estadística proyectiva es aún más desalentadora, ya que al ritmo actual de reformas, la humanidad necesitará 286 años para cerrar estas brechas legales.

La desigualdad está codificada en las leyes de la mayoría de las naciones. El 54% de los países no define el delito de violación basándose en la falta de consentimiento explícito, lo que desprotege legalmente a las víctimas. Asimismo, en casi tres de cada cuatro países del mundo el matrimonio infantil forzado sigue estando permitido por vacíos legales. En el ámbito económico, el 44% de los Estados carecen de leyes que garanticen la igualdad salarial, legalizando de facto la discriminación económica. A esto se suma el desamparo digital, con 1.800 millones de mujeres sin protección jurídica frente al acoso en línea.

Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, alertó sobre un «rechazo organizado a la igualdad de género», donde las leyes están siendo reescritas sistemáticamente para limitar libertades y permitir abusos sin consecuencias, erosionando la confianza pública y el Estado de derecho.

El reclamo por un nuevo marco penal internacional

La activista paquistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, elevó el tono del debate al exigir una recategorización de los abusos sistémicos. Con un mensaje que abarcó a las víctimas de los regímenes en Irán, a los padres que perdieron a sus hijos bajo los escombros en Gaza, y a las niñas sometidas bajo el dominio talibán en Afganistán, Malala fue contundente.

«Esto no es cultura, no es religión, es un sistema de segregación y dominación», afirmó la activista, instando a la comunidad internacional a dar un paso histórico en el derecho penal: reconocer la opresión sistémica como apartheid de género y codificarlo formalmente como un crimen internacional. «Los discursos no protegen a las niñas, pero la ley, la rendición de cuentas y el coraje político sí pueden», sentenció.

La rebeldía contra el silencio

El panel contó también con la intervención de la actriz y Embajadora de Buena Voluntad, Anne Hathaway, quien dedicó su discurso a homenajear el coraje de mujeres que enfrentaron maquinarias de impunidad, nombrando explícitamente a figuras como Gisele Pelicot, Virginia Giuffre y la propia Malala. Hathaway celebró «la rebeldía» de quienes decidieron actuar y buscar justicia en un mundo que estructuralmente espera su silencio.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, instó a resignificar la identidad femenina en los espacios de poder, denunciando los sesgos históricos que tildan a las mujeres de «demasiado emocionales» al alzar la voz o «demasiado ambiciosas» al liderar. La evidencia sociológica respalda su reclamo: la escolarización femenina hace crecer las economías y el liderazgo de las mujeres en las instituciones las vuelve estadísticamente más resilientes.