El plan para usar una «caja política» en obras contra inundaciones e incendios

Existe en Argentina un fondo millonario que, por ley, debería usarse para emergencias provinciales, pero que históricamente ha sido un arma de negociación política. El gobierno actual directamente no lo usa. Ahora, un conjunto de ONGs propone una idea revolucionaria: transformar esa «caja» en la principal herramienta del país para prevenir desastres climáticos.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son, en teoría, una especie de seguro de emergencia. Se trata de un fondo que recauda la Nación (equivale al 1% de la coparticipación) para girarlo a las provincias ante desequilibrios fiscales o desastres. En la práctica, sin embargo, ha funcionado casi siempre como una «caja» de uso discrecional para la negociación política. Pero el gobierno actual ha introducido una nueva variable: recauda el dinero, pero no lo ejecuta.

En 2024, se recaudaron 680 mil millones de pesos de ATN y se ejecutaron menos de 50 mil millones. «Había fondos para ayudar a las personas de Bahía Blanca que se quedaron sin casa por la inundación, y además, los había para prevenirla», explica el economista Ariel Slipak, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). «Todo lo que pasó habría tenido un impacto mucho menor si se tenían en cuenta los saberes científicos para hacer una planificación de obras».

Frente a esta parálisis y a un gobierno nacional que niega el cambio climático, un amplio colectivo de organizaciones de la sociedad civil decidió tomar la iniciativa y presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

Las inundaciones provocaron la evacuación de 1.400 personas y 16 fallecimientos en la ciudad de Bahía Blanca.

El proyecto de «ATN Ambiental»

La propuesta busca transformar por completo la lógica de los ATN, pasando de un fondo reactivo y político a una herramienta proactiva y técnica para la adaptación al cambio climático. El plan es simple y transparente:

  1. Un 40% de los fondos se destinaría a obras de infraestructura preventiva que serían auditables.
  2. El 60% restante iría a un fondo fiduciario administrado por el banco BICE, para ser usado exclusivamente durante emergencias (evacuaciones, remediación, etc.).

El proyecto incluye dos cláusulas clave para evitar que el dinero quede «cajoneado»: si los fondos del fideicomiso no se usan durante tres meses, pasan a disponibilidad de las provincias. Y si una emergencia supera el dinero disponible, el fondo puede girar en descubierto.

Los incendios forestales en Neuquén, Río Negro y Chubut afectan seriamente a dos Parques Nacionales y arrasaron más de 37.000 hectáreas de bosques y viviendas.

Una ley para cualquier gobierno

Aunque la inacción del gobierno actual fue el disparador, el proyecto busca ser una solución a largo plazo. «Hubo gobiernos anteriores que aceptaban la noción de cambio climático pero tampoco tuvieron políticas efectivas de prevención», aclara Slipak. «Esta ley le va a venir bien a cualquier gobierno para evitar catástrofes».

La iniciativa es impulsada por una coalición diversa que incluye desde la FARN hasta la confederación Mapuche de Neuquén, una multisectorial que defiende el mar en el Golfo de San Matías y organizaciones especializadas como Argentina 1.5.

«Es importante demostrar que desde el ambientalismo, como se nos dice despectivamente algunas veces, tenemos propuestas para mostrar que mejoran la calidad de vida de la población», expresa Slipak. Se trata de una propuesta que nace fuera de los intereses partidarios, buscando soluciones concretas para problemas como las inundaciones o los incendios forestales, que la ciencia viene advirtiendo desde hace años.

Por Daniel Ventuñuk
En base al artículo de Matías Alonso publicado en AGENCIA TSS

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